La problemática agenda de los “ex”

En España existe un problema con la agenda de aquellos líderes que abandonan la política activa después de detentar puestos de gran responsabilidad. Un problema que tiene dos vertientes, a cual más compleja, aunque ambas desvelan la personalidad de unos políticos que guardan motivaciones menos prosaicas que la del servicio público y el interés general de los ciudadanos del que presumen.

Por un lado, estos personajes están tan encumbrados en su egolatría que se consideran seres excepcionales incluso cuando dejan el puesto para el que fueron elegidos. No saben dar el paso atrás para que sean otros los que tomen las riendas de las funciones que desempeñaron con más o menos merecimiento. Siguen considerándose unos “gurús” que deben ser idolatrados por sus sucesores y a los que hay que tener en cuenta, reservándoles un lugar preferente, cada vez que su partido se presenta ante los ciudadanos, como en campaña electoral. En caso contrario, exteriorizan su malestar y hasta hacen público su disgusto con desplantes y críticas a los dirigentes que les ignoran. Se sienten desplazados y desaprovechados.

Algo parecido es lo que acaba de suceder con José Mª Aznar, expresidente del Gobierno y presidente ahora de una fundación política desde la que elabora ideas y consignas que pretende guíen a los compañeros que le sucedieron en el Poder y dirigen el partido en el que militan. Estos “ex” exhiben un brillo para iluminar cualquier asunto que su fulgor volatiza la escasa humildad que pudieran albergar. Felipe González describió gráficamente la sensación que invade a estos “jubilados” una vez apeados de la poltrona: son como los jarrones chinos, adornos muy valiosos, pero que no se sabe dónde colocarlos. Estorban.

No tienen toda la culpa. Su situación es consecuencia de la poca experiencia democrática acumulada en este país, muy poco acostumbrado al relevo natural de los cargos electos, en conformidad con las preferencias de la voluntad popular expresada en las urnas. Nuestra joven democracia sólo ha conocido, desde el año 1977, hace ya 37 años, a seis presidentes de Gobierno, de los que cuatro continúan escribiendo libros y ofreciendo consejos a quien se preste escucharlos. No reúnen un legado que oficialmente pueda ser conservado para futuras consultas históricas y políticas en la Biblioteca del Congreso ni en ninguna parte, ni una actividad pasiva, más o menos diplomática, que puedan desempeñar sin desentonar ni obstaculizar. Simplemente, son nombrados miembros del Consejo de Estado, órgano consultivo donde se aburren soberanamente. ¿Qué hacer con esa vitalidad política que les desborda, con esa información de que disponen, con una agenda repleta de contactos? De ahí surge la segunda vertiente del problema, no porque la pensión de “ex” sea pequeña, sino porque pueden y tienen posibilidades muy tentadoras de ganar más, muchísimo más que cuando fueron simplemente políticos en activo.

Ninguno de nuestros expresidentes ha vuelto, tras dejar el cargo, a su antigua profesión. Felipe González es abogado; José Mª Aznar, abogado e inspector de Hacienda; José Luis Rodríguez Zapatero, abogado y profesor de Derecho, y el actual inquilino de La Moncloa, Mariano Rajoy, también abogado y Registrador de la Propiedad. Salvo este último, aún en la política, ningún expresidente –ni de los vivos ni entre los fallecidos- regresó a sus viejas ocupaciones, sino que tras un prudente período más o menos largo, desembocaron en empresas privadas como asesores o consejeros magníficamente recompensados económicamente. No ejercen sus profesiones ni recuperan sus antiguos puestos de trabajo como profesores, inspectores, funcionarios o en bufetes de abogados, sino que recalan en el sector privado empresarial. Son disputados no por la brillantez de su formación académica ni la originalidad de sus ideas o pensamiento, sino por sus agendas y las relaciones que aún conservan en el Gobierno y las instituciones, donde dejan muchos de sus subordinados y permanecen dirigentes designados por ellos.

 

Así, González es contratado por Gas Natural, Aznar se pluriemplea en Endesa y el conglomerado mediático de Murdoch, y Zapatero se dedica, de momento, a explicar el giro copernicano que imprimió a su política económica a través de libros y paseos por los platós de televisión. Otros personajes de segundo nivel también sacan réditos en la privada a su experiencia política, como Elena Salgado en Endesa Chile, Eduardo Zaplana en Telefónica, Rodrigo Rato en Bankia, Santander, etc. Como puede apreciarse con estos ejemplos, la tendencia a cruzar la “puerta giratoria” que comunica el poder político con el poder económico es una norma que respetan por igual todos los partidos políticos, sin distinción del color ideológico, y práctica común en otras latitudes, donde gozan de plazos de incompatibilidad variables.

Todo ello no supondría ningún problema si obedeciera simplemente a la tendencia de los “ex” a seguir mandando e impartiendo órdenes o a la pura avaricia por enriquecerse ahora que se lo ponen tan fácil. El problema surge cuando las empresas que los adulan con contratos millonarios no buscan sólo que en sus consejos de administración figuren personalidades que fueron importantes en los gobiernos, cualquier gobierno. Sino que la mayoría de tales empresas son dependientes de la Administración o gran parte de sus beneficios proceden de tarifas o mercados regulados por el poder político, donde sus intereses pueden ser defendidos con mayor eficacia por quienes aún mantienen influencias en el mismo, ya que formaron parte de él cuando gobernaron. De ahí que sean nombrados consejeros sin representar ninguna cuota del capital de los inversores en esas empresas. Un problema peliagudo en el que confluyen ambiciones privadas con el interés general de la población, y que afecta a la calidad de nuestro sistema democrático y la confianza que despierta entre los ciudadanos, quienes perciben ese trasvase de un sector a otro como privilegiadas recompensas interesadas.

Hay un grave problema de agenda con los “ex” en España, tanto en lo que atañe a su “continuidad” en la política como a su devenir laboral individual. La cuestión ética deben resolverla cada uno de ellos según sus convicciones, pero la normativa debería regularla con mayor precisión el propio poder político, restringiendo considerablemente las incompatibilidades, por un plazo al menos de ocho años (dos legislaturas), para toda actividad privada que suponga enfrentamientos de intereses con la Administración, en cualquiera de sus niveles. Y, desde luego, habría que ofrecerles a nuestros “ex” un lugar en la política donde puedan volcar sus opiniones de los asuntos mundanos, con horario y sesiones públicas, y donde los ciudadanos dispongan la posibilidad de cotejar sus papeles y controlar sus agendas . Vamos: una especie de asamblea de “sabios” donde puedan contar sus batallitas y evitar tentaciones sumamente lucrativas…

Batalla sorda por Europa en Andalucía

Estamos inmersos en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y ya comienzan a relucir difamaciones, acusaciones y estrategias de desprestigio contra el adversario político y contra aquellos territorios que aún no están “controlados” por la ideología dominante. Es por ello que en Andalucía se libra una batalla sorda, con dos objetivos prioritarios: ganar estas elecciones y socavar la credibilidad de los socialistas para desalojarlos del poder en la Comunidad en un futuro inmediato e impedir así la confrontación de políticas que desde la Junta de Andalucía disienten y contradicen las medidas de austeridad y recortes que impulsa el Gobierno conservador de Mariano Rajoy desde Madrid. Tan a degüello se plantean estos comicios que el Partido Popular designa candidato para estas elecciones a un miembro andaluz del Gobierno con proyección poco erosionada para atraer el voto en la región, el jerezano Miguel Arias Cañete, y, de paso, dar la vuelta a los sondeos que vaticinan un gran desgaste de los populares. Se teme que el resultado de las europeas sirva de termómetro de la tendencia en las generales del próximo año. Por tanto, se van a jugar todas las cartas, y utilizar todas las artimañas posibles, para ganar como sea.

Por lo pronto, Rajoy ha retrasado el nombramiento del candidato popular hasta el último minuto para mantenerlo en el Gobierno. Reúne así la doble condición de ministro y candidato, lo que le permite disponer de una tribuna gubernamental para hacer campaña electoral, un privilegio que deja a los demás contrincantes en inferioridad de condiciones, al no poder contrarrestar tan potente presencia mediática. La Junta Electoral Central está maniatada para impedir este abuso de poder por parte de un Gobierno que “apura” los plazos y se sirve de hechos consumados que no pueden ser revocados a tiempo, aunque sean denunciados.

Y por otra parte, incidiendo en una estrategia de descrédito, desde el Ministerio de Interior se propala un nuevo caso de presuntas irregularidades por parte de la Junta de Andalucía en relación con subvenciones a cursos de formación. Se difunde, muy oportunamente, que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Policía y Fiscalía Anticorrupción (ambas dirigidas por el Gobierno), está investigando un supuesto fraude cometido por empresas de Málaga, en su mayor parte, para cobrar subvenciones por cursos de formación que en realidad no han realizado, malversando así más de 2.000 millones de euros de fondos públicos aportados por la UE para un programa de fomento del empleo, según relatan estos funcionarios del Ministerio de Interior. Se trata, en realidad, del “adelanto informativo” de una investigación policial que todavía ningún juez instruye, pero que sirve ya para “acusar” a la Junta de Andalucía, en manos de los socialistas, de organizar otra trama de corrupción de proporciones considerables, diez o veinte veces mayor que la de los ERE. De nada vale que la propia Junta aclare que lleva siete meses investigando las subvenciones, que ha revisado más de 4.000 expedientes de fondos de formación y que desde febrero está colaborando con la Policía para determinar el verdadero alcance de las irregularidades detectadas. Llueve sobre mojado. Aún no hay acusaciones sustentadas en indicios e imputaciones judiciales, pero se pone en marcha el ventilador de la corrupción y se lanza la sospecha generalizada que, cuando se dilucide en los juzgados, ya habrá obrado el efecto deseado: desacreditar y hacer perder la confianza en los acusados -el Gobierno andaluz-, no sin parte de culpa, pero en la misma medida que la de cualquier otro Ejecutivo en el que se detectan irregularidades, pero con menos “aspavientos” mediáticos. ¿Será por la campaña electoral?

Y para terminar, no me extrañaría tampoco que la jueza Alaya haga acto de presencia e impute a nuevos cargos de la Junta de Andalucía (aunque la Audiencia Provincial se los anule por falta de concreción en las imputaciones), multiplique autos que involucren a personalidades que están aforadas (sin poderlas imputar, pero a las que invita a declarar) y obligue a “pasear” ante las cámaras a todo un abanico variopinto de testigos de todas las causas que lleva investigando desde hace años, con pocos resultados “carcelarios” hasta la fecha: un solo encarcelado (un exdirectivo de la empresa Vitalia) de un total de 166 imputados.

Lo más probable es que la actuación de la magistrada durante este proceso no esté coordinada en el tiempo para beneficiar al Partido Popular, pero las múltiples coincidencias que dan esa sensación y esos resultados hacen despertar la curiosidad por ver qué sucede ahora con ocasión de las elecciones europeas. El personal está “mosca” aguardando la confirmación o el rechazo de esta sospecha, muy atento a las iniciativas de Mercedes Alaya, como si se tratara de otro frente de la pugna partidaria. 

Un frente que no se agota en los infundios, acusaciones y estrategias que se ponen en marcha durante una campaña electoral. Sino que, además, se dirime en los medios de comunicación, donde, según revela un columnista de los considerados “afines” que escribe en el ABC (David Gistau), el periodismo se ve agredido por el poder político, en vista de la vigilancia obsesiva de los grandes directores y editores (que despiden a los gacetilleros díscolos) y ese “aplanamiento” que crea dependencia en una empresa o la hace aniquilar (gracias a las subvenciones y la publicidad institucional).

Precisamente, la falta de un periodismo de calidad e independiente es clara señal de un deterioro de la democracia en la sociedad de la que forman parte, pues sin prensa libre no se puede producir el debate franco y abierto del que se nutre la opinión pública. Cuando éste se cercena es que no interesa que haya democracia, sino otra cosa que persigue y amordaza la crítica e impide la participación ciudadana. ¿Tendrá ello algo que ver con los papeles de Bárcenas que demuestran “ayudas” del PP a la empresa Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, y la ley antimanifestación que promueve Rajoy? Es pura coincidencia.

Lo cierto es que en Andalucía se libra una fiera campaña por los comicios europeos que no duda en utilizar cuántos instrumentos tiene a su alcance para conseguir el respaldo de los votos, sin que los candidatos ofrezcan aún ningún argumento ni promesa sobre lo que piensan hacer en Bruselas para defender los intereses de esta región y este país. Aún no se habla de lo que verdad importa y ya se mueven todos los hilos para “dirigir” la intención del confuso y vapuleado votante. Es todo un espectáculo digno de cualquier alumno de Maquiavelo y Goebbels.